La franquicia es un sistema que incluye a diferentes agentes. No solo franquiciador y franquiciado. En los contratos de franquicia entran en juegos otros elementos como la administración o el arrendamiento de locales.
Con la llegada del COVID la situación se ha vuelto más compleja. Y mucho. En determinadas ocasiones y territorios está siendo la administración pública la que decide el cierre o las limitaciones del comercio y la hostelería. Los franquiciados sufren estos cierres o limitaciones, teniendo que acatarlos y viendo cómo su facturación se reduce de forma importante.
Los protagonistas
Aquí entran en juego los arrendadores. Sus intereses están en el cobro de las correspondientes mensualidades, pero también en que los negocios no cierren y abandonen el local en alquiler. Por último, los franquiciadores que median y trabajan para que el franquiciado salga lo menos perjudicado de esta situación.
A su vez, la justicia es la que decide en última instancia entre arrendadores, franquiciadores y franquiciados.
En lo que concierne a los locales y las dificultades de los franquiciados, por lo general, la negociación ha sido la norma. La reducción por parte de los propietarios de las mensualidades del inmueble durante la pandemia, entendiendo la situación actual de los franquiciados, ha sido lo más habitual. Pero no es la única posición. En otras ocasiones, el propietario ha decidido mantener el precio lo que ha llevado al franquiciado a cerrar.
Si le conviene o no dicho propietario el cierre para alquilarlo por mayor renta en el futuro, eso no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que cientos de franquiciados han visto cerrar su establecimientos por no poder hacer frente a los costes fijos que supone el mantenimiento de negocios que no pueden facturar en plena pandemia.
El papel de la justicia
En el caso de los arrendamientos y la dificultad del arrendatario a hacer frente con su negocio a los pagos es importante hacer mención a la existencia de jurisprudencia. Esta existe a raíz de la crisis de 2008, determinados arrendatarios no pudieron desarrollar la actividad económica o profesional objeto del acuerdo firmado. Se hizo en base a la claúsula «rebus sic stantibus». Esta claúsula hace referencia al desequilibro de las obligaciones contractuales cuando la circunstancias impidan que una parte pueda cumplirlas.
Por parte de las administraciones públicas se ha intentado favorecer los acuerdos a través de sistemas de negociación de deuda e incluso a través de diferentes normativas concretas. Ya sea frente a los grandes tenedores de locales de locales o bien con reducciones obligadas para los propietarios.
Nuevos contratos
Lo que ha quedado claro es que tras la pandemia, los contratos de alquiler de locales no serán lo mismo.
Los franquiciados deben cerciorarse de que el contrato cumple una serie de requisitos exigibles a los propietarios. Como por ejemplo, contemplar el caso de cierre obligado por la administración o la reducción drástica de la facturación por motivos ajenos al negocio. Incluso en determinados situaciones se contempla la posibilidad de plantear el abono de un fijo, más un variable según la facturación del negocio franquiciado.
La puerta a los nuevos contratos de arrendamientos de locales está abierta.
